“La necesidad de creación de nuevos cargos de fiscales, defensorías y asesorías obedece al gran crecimiento demográfico de la provincia, según datos del Censo 2022, que ha generado una nueva realidad social caracterizada por relaciones sociales más dinámicas y complejas en ámbitos cada vez más amplios, con un creciente flujo de personas, bienes y servicios”, inicia la fundamentación del proyecto de ley que se sancionara en Sesión Especial de la Cámara de Diputados, este lunes.
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La iniciativa, cumplimentados los pasos parlamentarios, vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia, en el marco de dar respuesta a la demanda de celeridad en la adecuación del servicio de justicia, cumpliendo con reglas y principios constitucionales y convencionales, teniendo en cuenta, especialmente, las «Reglas de Brasilia 2008» que tienen por objeto garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
También se fundamenta en la Ley N° 6.518 -que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia- publicada en el Boletín Oficial el 27 de noviembre de 2019, dejando atrás el sistema mixto para pasar al sistema acusatorio adversarial.
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La diputada Lucía Centurión brindó más detalles del mismo, en la sesión, recordando que «este expediente viene a reforzar el compromiso, no solo del Poder Ejecutivo provincial, sino también de esta Legislatura cuando allá en el 2020 en plena pandemia se sancionó el Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes».
«En esa oportunidad –agregó- cuando se sancionó este proyecto el objetivo principal de esta Legislatura y de quiénes integramos este acuerdo, fue dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias que nos permitan tener un sistema judicial adecuado, donde las partes estén en igualdad de condiciones, donde se garantice el derecho de las partes y, sobre todo, donde haya celeridad los procedimientos».
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«Este proyecto que hoy estamos tratando acá, lo que viene es a reforzar ese compromiso con una herramienta que otorga al Ministerio Público Fiscal de mayor usos humanos. Y la puesta en funcionamiento de los funcionarios judiciales se realizará de manera progresiva teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta en estos casos la cantidad presupuestaria que se asigne», detalló la legisladora, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.
«La Ley viene reforzar el mandato constitucional de tutela judicial efectiva y el compromiso de esta Legislatura, de aprobar todas las normas necesarias que garanticen igualdad entre las partes, celeridad e inmediación», dijo la diputada Centurión en la sesión.
La Ley se sancionó por unanimidad.
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