Son 35 presos pertenecientes a una mega organización criminal brasileña (PCC – Primeiro Comando da Capital) que se fugaron el domingo a la tarde del penal de Misiones, en el sur de Paraguay, tras realizar un motín y reducir a varios guardiacárceles. Temen que puedan dirigirse a la frontera con Argentina. Incluso entre los evadidos hay un argentino que se encontraba recluído en esa penitenciaría.
Entre los evadidos están los líderes de este grupo criminal originario en Brasil, que protagonizaron hace tres años lo que se llamó la masacre de San Pedro, cuando los miembros de PCC degollaron a 10 presos de un clan rival dentro de una prisión.
El viceministro de Política Criminal de Paraguay, Alberto Daniel Benítez, explicó que las fuerzas de seguridad que se desplegaron en la zona lograron recapturar a 28 presos que se escaparon del penal.
“No descartamos que se hayan dirigido hacia la zona fronteriza” con Argentina, alertó Benítez a La Nación.. La penitenciaría de Misiones, donde estaban alojados los presos de PCC, está situada a unos 100 kilómetros de Itá Baté, frente a Itatí, Corrientes.
La falta de controles en la frontera fluvial entre Paraguay y Argentina hizo crecer esta hipótesis, porque además en esa zona hay un tráfico permanente informal, que favorece el contrabando y el tráfico de estupefacientes.
Benítez dijo que entre los que siguen prófugos se encuentran dos líderes de PCC, Edilson Silva Da Cruz y Víctor Manuel Roa, que a fines de julio pasado fueron condenados por la llamada masacre de San Pedro, donde los referentes de este grupo criminal hicieron bautismos de sangre en ese penal y degollaron a diez miembros del clan Rotella, una organización narco paraguaya.
Benítez advirtió que durante la tarde del domingo comenzó un motín en la prisión de Misiones, donde luego de que se produjeran incidentes, los presos redujeron a dos guardiacárceles, a los que desarmaron, y tomaron el pabellón C de la cárcel.
Luego, se escaparon saltando los muros y alambrados. Se refugiaron, en un principio, en una zona de monte cercana a la cárcel, donde se hacía complicado identificar a los prófugos con el helicóptero que realizaba los patrullajes.
Actualmente, este grupo criminal, que se expandió en la pandemia y está acusado de haber ordenado y financiado el crimen del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en una playa colombiana, empieza a hacer pie en la Argentina y Uruguay a partir del control logístico de una ruta clave para abastecer de cocaína el Viejo Continente: la Hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene escasos controles, lo que favorece un negocio multimillonario.
Las alertas se encendieron porque esta organización, que fundamentalmente se financia con el narcotráfico –con el que recauda 500 millones de dólares por año, según el Ministerio Público de San Pablo–, tiene un poder de expansión muy veloz dentro de las cárceles, como confirman las experiencias de Brasil.
Dominan las penitenciarías de 20 de los 27 estados brasileros y se calcula que hay 40.000 miembros. En Paraguay tienen 1500 “bautizados”.
La organización aprovecha las malas condiciones de detención para “fidelizar” a los reclusos, a los que les ofrecen un sueldo y ayuda a sus familias, y también de las grietas que deja la corrupción dentro de los penales, un rasgo que en la Argentina se trasluce con las actividades criminales detectadas dentro de los penales, sobre todo en Santa Fe, como advirtió un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en septiembre pasado.
Los miembros de PCC que logran la libertad, al cumplir sus condenas o huir de las prisiones, financian las fugas de las penitenciarías a través de un sistema de recaudación entre los integrantes de la logia narco.
